El pasado 15 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) de México declaró inconstitucional la totalidad de la Ley de Seguridad Interior, norma que ampliaba las facultades del ejército y habilitaba a usar soldados para la preservación de la seguridad en las ciudades.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley de Seguridad Interior en su totalidad: https://t.co/WthadJtz8h pic.twitter.com/GmkzN3VLLD

— Suprema Corte (@SCJN) November 15, 2018

A través de un corto comunicado, el tribunal de ese país señaló que dicha ley era inconstitucional por contener disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las fuerzas armadas en temas de seguridad pública, “lo que es contrario al orden constitucional y convencional”. Y agregó que este hecho solo sería legal y constitucional si se aplicara a situaciones excepcionales, pero no como regla. (Lea: Soldado disminuido en capacidades puede cumplir tareas que no pongan en peligro su vida)

Ante dicha decisión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), una de las organizaciones que promovió la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley, indicó que se ratificó la necesidad de que la seguridad pública y la participación temporal de las fuerzas armadas en ese ámbito se sujeten estrictamente a lo previsto por la Constitución y acorde con los parámetros internacionalmente reconocidos, los cuales plantean restringir al mínimo tales intervenciones y fortalecer el control de autoridades e instituciones civiles en ese campo.

Reconocemos determinación tomada por @SCJN al invalidar la #LeyDeSeguridadInterior y llamamos la atención sobre la necesidad de que prevención y fortalecimiento de instituciones civiles como responsables principales de seguridad pública se desarrollen en el #PlanDePazySeguridad. pic.twitter.com/qqXbKSArTa

— CNDH en México (@CNDH) November 16, 2018

Y es que la principal inquietud que generaba la ley era si los militares habían quedado habilitados para hacer arrestos o allanamientos.

La abogada experta en Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Catalina Botero, saludó la decisión de la corte mexicana y la calificó positiva para toda la región.

Suprema Corte de México @SCJN declara la inconstitucional Ley de Seguridad Interior que violaba estándares internacionales en materia de derechos humanos. Que buena noticia para toda la región. https://t.co/mK7r468yJk

— Catalina Botero (@cboteromarino) November 16, 2018

Justamente, mientras varios sectores de la vida mexicana discuten esta determinación, en Colombia se pone sobre la mesa nuevamente la posibilidad de intervención del Ejército Nacional en zonas urbanas del país azotadas por la delincuencia común y para combatir el narcotráfico.

Así lo puso de presente la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, al advertir el resurgimiento de la violencia en algunas zonas de su departamento, por lo cual consideró necesaria la presencia del Ejército y la Policía para combatir, según ella, la presencia de carteles mexicanos que han hecho alianza con grupos armados como el ELN, propuesta que le significó una dura controversia con el alcalde de Cali, Maurice Armitage.

Es oportuno recordar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también se ha pronunciado sobre el tema, enfatizando que la presencia de ese pie de fuerza en zonas urbanas no es la solución al problema. En octubre pasado, la ONU hizo referencia a la situación de Medellín, pidiendo puntualmente que el Ejército se retire de las comunas y que sea la Policía la encargada de prestar seguridad.