Gobierno responde a las altas cortes los cuestionamientos a la reforma a la justicia

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, les remitió a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, a la Fiscal General de la Nación y al Procurador General de la Nación una carta de respuesta a los cuestionamientos a la reforma la justicia planteados en el escrito que le remitieron al presidente Juan Manuel Santos el pasado 15 de diciembre.

En la misiva, suscrita por Camilo Tarquino, Mauricio Fajardo, Viviane Morales y Alejandro Ordóñez, manifestaron su preocupación por el intempestivo rumbo que tomó en el Congreso esa reforma constitucional y le solicitaron al mandatario su intervención, “para evitar que se puedan afectar, de manera grave, la estructura y el funcionamiento del Estado”.

También sostienen que la iniciativa es un grave retroceso en el camino democrático iniciado por el país hace 20 años y que carece de medidas para fortalecer y consolidar el delicado diseño que exige un adecuado equilibrio del poder público.

“Tampoco responde con suficiencia a la creciente demanda ciudadana, en términos de acceso a la administración de justicia y al dinamismo que requiere la función judicial, para que se puedan traducir en eficiencia, oportunidad, agilidad, confianza y transparencia”, agregaron los juristas.

El pasado viernes, en un evento público, el presidente Juan Manuel Santos consideró que ellos se equivocaron de destinatario, al recordarles la autonomía e independencia del Congreso de la República.

“[El Congreso] es quien tiene la última palabra de cualquier reforma a la justicia, no es el Presidente de la República. Nosotros lo que hemos procurado es que exista el mayor consenso posible”, expresó el mandatario.

En la respuesta oficial, el Ministro de Justicia insistió en que la reforma no privatiza la justicia ni es un atentado en contra de la independencia y la autonomía de la Rama Judicial.

Por el contrario, el Gobierno sostiene que esos principios se reafirman, entre otras medidas, con el artículo 228, que tiene una redacción muy similar a la propuesta del Consejo de Estado en materia de autonomía presupuestal, patrimonial y administrativa de la justicia y una fórmula de sostenibilidad financiera y crecimiento sostenido del presupuesto de la Rama Judicial.

Otra medida para fortalecer su autonomía, sostiene el Gobierno, es la creación de la Sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura, en la que los propios funcionarios del sector serán los únicos llamados a definir los lineamientos y las políticas para la gerencia de la Rama.

El Ejecutivo también les recordó que, en la conciliación de la iniciativa, se suprimieron puntos que causaron gran polémica, como la creación de un tribunal de investigación y juzgamiento ajeno a la Corte Suprema de Justicia encargado de adelantar los procesos contra congresistas y otros funcionarios aforados.

“Espero que estas anotaciones alivien su preocupación en relación con el rumbo que ha tomado el proyecto de reforma en el Congreso, que no es sino el resultado de las sanas y normales variaciones propias del devenir de un proceso abierto, transparente y democrático de reforma constitucional como el que se viene desarrollando, el cual habrá de continuar el año entrante, de preferencia con la muy importante participación de todos ustedes”, concluyó Esguerra.

(Minjusticia, Carta, dic. 19/11)