Estado es responsable por desapariciones en Holocausto del Palacio de Justicia: Corte IDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al Estado colombiano por  los hechos que rodearon la desaparición de 10 personas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurridas los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

La Corte consideró demostrada la existencia de un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma o de colaborar con grupo guerrillero el M-19. Según sostuvo, los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares y, en algunos casos, torturados y/o desaparecidos.

El tribunal regional declaró la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco, Cristina del Pilar Guarín, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela, Lucy Amparo Oviedo y Gloria Anzola de Lanao.

La sentencia también declara la responsabilidad internacional del Estado por ciertas violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de estos sucesos. En particular, la Corte IDH encontró que el Estado es responsable de la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, y de las detenciones arbitrarias e ilegales y las torturas o tratos crueles y degradantes sufridos, respectivamente, por Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis, quienes fueron considerados sospechosos de colaborar con el M-19.

Así mismo, declaró la responsabilidad estatal por la falta de esclarecimiento judicial de los hechos, la violación del derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas y el incumplimiento de su deber de prevención frente al riesgo en que se encontraban los ocupantes del Palacio de Justicia, que era conocido por las autoridades.

Por otra parte, la Corte IDH descartó dicha responsabilidad en las desapariciones forzadas de Ana Rosa Castiblanco Torres y Norma Constanza Esguerra, pero aclaró que el Estado sí fue responsable de incumplir su deber de garantizar el derecho a la vida de ambas víctimas, por la falta de determinación de su paradero durante 16 años, en el caso de Castiblanco, y hasta la actualidad, en el de Esguerra.

En virtud de dichas violaciones, la Corte le ordenó al Estado colombiano a adoptar diversas medidas de reparación. Y aclaró que si bien determinados familiares de las víctimas han recibido indemnizaciones por concepto de daño moral en la jurisdicción contenciosa administrativa colombiana (equiparables a las indemnizaciones por daño inmaterial en la jurisdicción interamericana), estas no responden a la totalidad de las violaciones declaradas en la sentencia.

Así mismo, el Estado deberá llevar a cabo, en un plazo razonable, las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para establecer la verdad de los hechos y determinar, juzgar y sancionar a todos los responsables de las desapariciones forzadas de las víctimas, de la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Urán, así como de las detenciones y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos por Santodomingo, Matson, Rubiano y Quijano.

El juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot emitió un voto concurrente, al que adhirieron los jueces Manuel E. Ventura Robles y Eduardo Vio Grossi.

Cabe recordar que, el año pasado, durante la primera jornada del 43 Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte IDH, la delegación del Estado colombiano reconoció parcialmente la responsabilidad internacional por algunos hechos alegados en este caso.

Reacción de la ANDJE

Al respecto, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) manifestó que, en varias ocasiones, el Estado colombiano ha aceptado su responsabilidad ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como muestra de su buena fe y su deseo de lograr una reconciliación con las víctimas. 

“El Estado colombiano ha emprendido acciones para la reparación integral de las víctimas: su derecho a la verdad, a la justicia y a la no repetición de los hechos”, agregó.

La entidad señaló que estudiará detalladamente la sentencia, para establecer cuáles son las implicaciones de la misma y determinar su verdadero alcance. Posteriormente, dará a conocer sus consideraciones a la opinión pública.​

Consulte aquí el texto completo de la sentencia.