La Corte Constitucional convocó a las entidades estatales, organismos multilaterales, ONG y a la sociedad civil para que participen en una audiencia pública previa al examen de constitucionalidad del Marco Jurídico para la Paz (Acto Legislativo 01 del 2012), el próximo 25 de julio.

Cabe recordar que el procurador general, Alejandro Ordóñez, solicitó declarar inexequibles algunas expresiones del artículo 1º, porque solo se juzgaría penalmente a los máximos responsables de delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.

Según Ordóñez, de avalarse la iniciativa, tal y como está planteada, se daría lugar a la renuncia del Estado a investigar y sancionar casos de homicidio en persona protegida y tortura.

Además, para el Ministerio Público, la expresión “sistemática” podría llevar a no considerar como un genocidio el homicidio del líder de un grupo poblacional, porque no hace parte de una cadena de acontecimientos enmarcables en un mismo propósito de ataque a una comunidad.

Sin embargo, el fiscal general, Eduardo Montealegre, ha advertido que esta norma no genera impunidad, sino que le plantea al Congreso escoger entre un modelo maximalista de investigación de todos los delitos cometidos por los desmovilizados, lo cual haría colapsar el sistema penal, o uno minimalista centrado en la investigación de los máximos responsables, que les garantiza verdad, justicia y reparación a las víctimas.

La ponencia será presentada por el magistrado Jorge Ignacio Pretelt.