02 de Julio de 2024 /
Actualizado hace 18 minutos | ISSN: 2805-6396

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Contraloría detectó irregularidades en proyectos del Ocad paz

05 de Junio de 2024

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189626

En los últimos 20 meses (desde septiembre del 2022 a mayo del 2024), la Contraloría General de la República ha auditado un total de 242 proyectos financiados con recursos para la paz del sistema general de regalías (SGR) por un valor total de $ 2,8 billones y como resultado se han obtenido hallazgos con incidencia fiscal por más de $ 339.668 millones.

Según la Contraloría, la región Caribe encabeza el número de hallazgos fiscales, son 43 con una cifra de $ 106.343 millones, a lo que se suman beneficios del control fiscal por $ 36.740 millones, para un total del ejercicio auditor de $ 143.084 millones. En esta región se auditaron 65 proyectos financiados con recursos para la paz por $ 939.604 millones. (Lea: Contraloría revela irregularidades en contratos de la UNGRD)

También se destacan, a la fecha, los cuatro hallazgos fiscales por una cuantía total de $ 70.318 millones obtenidos en las auditorías transversales donde se revisaron cinco proyectos por $ 133.157 millones de sectores como energías renovables, agua potable y saneamiento básico, entre otros.

Según el documento, los sectores donde se encontraron más irregularidades en los proyectos son:

i) Transporte: el 57 % de los proyectos siniestrados corresponden al sector transporte, en el que las principales causas de hallazgos con incidencia fiscal corresponden a mala calidad en las obras, pagos mal ejecutados y falta al principio de planeación.

ii) Vivienda, ciudad y territorio: el 19 % de proyectos con hallazgos con incidencia fiscal corresponden al sector de vivienda, ciudad y territorio, en que las principales fallas han sido pagos realizados sin los debidos soportes, obras cobradas y no ejecutadas y deficiencias en técnicas en la planeación y ejecución de los proyectos.

iii) Minas y energía: el 12 % de los proyectos con hallazgos con incidencia fiscal corresponden al sector de minas y energía, en el que se ha detectado pérdida de recursos por gestión fiscal antieconómica, incumplimiento del objeto contractual y no sostenibilidad y funcionalidad de las obras.

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