El Ministerio de Justicia adoptó la política pública y el plan de acción permanente para el desmantelamiento de las conductas criminales u organizaciones, incluyendo las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, que atenten contra defensores de derechos humanos, integrantes de movimientos sociales o movimientos políticos o que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Según el documento, los ministerios, departamentos administrativos y unidades administrativas especiales del Gobierno, dentro de la órbita de sus competencias constitucionales y legales, implementarán esta política a través de los instrumentos jurídicos y de planeación que estimen pertinentes para su implementación, incluyendo sus planes estratégicos, institucionales y de acción y sus proyectos de inversiones. (Lea: Aprobado plan nacional de política criminal 2022-2025)

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