A través de su auxiliar Pablo Rueda, la magistrada Gloria Stella Ortiz advirtió que el derecho al medio ambiente debe tener una connotación de garantía fundamental individualmente considerada, y ya no simplemente como elemento conexo a la satisfacción de otro derecho. Precisó que una concepción de esta naturaleza intensificaría la protección, pues abarcaría mayores condiciones en las cuales se haría procedente su amparo; el derecho dejaría de ser visto exclusivamente como una necesidad para la convivencia del colectivo y sería sujeto directo de la protección. Frente a la jurisprudencia constitucional en materia ambiental, destacó la necesidad de desarrollar la concepción principios como la soberanía alimentaria y la incidencia del desplazamiento y la superpoblación en los entornos naturales.