Así lo afirmó el experto Luis Fernando Macías, quien sostuvo que, teniendo en cuenta la incidencia que para la preservación de la soberanía de los Estados tiene el cuidado del agua, deben ser las instituciones, no el mercado, quien ejerza la regulación. A propósito del tema, el presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas, tomó la palabra para afirmar que aunque el presidente Juan Manuel Santos, la Constitución y la ley ofrezcan suficientes herramientas para garantizar la protección debida a los recursos naturales, realmente ha sido la jurisprudencia el verdadero vehículo a través del cual se han venido adquiriendo los compromisos institucionales en la materia. En ese mismo sentido se expresó el presidente de la Corte Suprema de Argentina, Ricardo Lorenzetti, quien sostuvo que a los jueces ya no solo les atañen decisiones declarativas de responsabilidad frente al manejo del agua, sino que deben ocuparse de la implementación de las sentencias; este recurso ya no es solo un sujeto pasivo de algún otro derecho, sino un bien jurídico autónomo, de ahí la proliferación de leyes de protección del mar, de fuentes hídricas, de glaciares, entre otros, afirmó.