El exmagistrado Nilson Pinilla sostuvo que no obstante lo indelegable que es la consulta previa para garantizar el derecho a la participación de comunidades indígenas, negras y raizales, la posibilidad de que se convierta en un elemento de veto traería nefastas consecuencias para la democracia. Indicó que si bien se trata de un mecanismo donde las minorías alcanzan su legítimo derecho de ser escuchadas, tampoco resulta saludable para los valores democráticos que un sector menor de la población pudiera imponer su visión al resto de la sociedad. Por su parte, el magistrado Mauricio González se opuso a la posibilidad de que los campesinos sean incluidos como sujetos del derecho a la consulta previa, ya que considera que cuentan con otras herramientas igual de eficaces en el ordenamiento legal para lograr el mismo cometido. Por otra parte, destacó el aporte de la ciencia en la elaboración de la jurisprudencia ambiental, al precisar que es de esa fuente de donde surgen los elementos probatorios más decisivos para la construcción de posiciones jurídicas sólidas y eficaces para proteger el entorno natural.