El presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas, anunció que la salida del magistrado Alberto Rojas, por la anulación de su elección, obligó a la Sala Plena a decretar la suspensión de términos para el examen de constitucionalidad que adelanta ese alto tribunal en torno a las disposiciones del Marco Jurídico para la Paz (Acto Legislativo 1 del 2012). Idéntica suerte corrieron los demás procesos a cargo del jurista, dado que la Corte consideró que lo inusual de las circunstancias pone en evidencia que se trata de un asunto de fuerza mayor. Por lo pronto, dijo Vargas, la Sala tratará de acelerar el nombramiento del encargado del despacho en provisionalidad, que deberá evaluar los proyectos de Rojas que aún no han sido resueltos, para determinar si los modifica o los ratifica. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado deberá adelantar una nueva convocatoria, para elegir a los tres candidatos a partir de los cuales el Congreso designará al ocupante en propiedad de la magistratura.