La Superintendencia de Industria y Comercio hizo un llamado con el objetivo de imponer sanciones más drásticas a las empresas que se “cartelizan” en el sector público y privado, para evitar la corrupción. La entidad envió dos artículos con el objetivo de que sean adheridos al proyecto normativo que prepara el Gobierno sobre corrupción, el cual sería presentado en esta semana. Las modificaciones tienen que ver con la imposición de multas, para que sean tasadas en un tope porcentual del 30 % sobre el valor de las ventas involucradas en el cartel y prever como sanción adicional a la multa, en casos de colusión o cartelización en licitaciones públicas, una inhabilidad de hasta cinco años para contratar con el Estado.