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Se abre paso fiscalía ‘ad hoc’ para el caso Odebrecht

20 de Noviembre de 2018

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Sobre las investigaciones por el caso Odebrecht, el procurador Fernando Carrillo propuso ayer que se nombre una Fiscalía ad hoc, “una estructura paralela, que tenga la independencia y la imparcialidad necesaria para el que el pueblo colombiano sepa exactamente qué fue lo que sucedió”. (Lea: Fiscal General se defiende de audios relacionados con caso Odebrecht)

 

 

 

 

El funcionario recordó que es la Corte Suprema la que tiene la última palabra sobre si se designa o no un fiscal encargado para que asuma el caso. “Es la Corte la que tiene que decidir y por eso le vamos a presentar ese memorial esta tarde”.

 

Las declaraciones del titular del Ministerio Público se dan luego que, el pasado viernes, la vicefiscal Paulina Riveros solicitará a la Corte Suprema pronunciarse sobre la viabilidad de nombrar un fiscal ad hoc para este proceso. (Lea: “Hay que impedir que el Estado pierda más de 274 millones de dólares por el caso Odebrecht”)

 

Al mismo tiempo, la vicefiscal negó la recusación interpuesta contra ella por la Red de Veedurías Ciudadanas. Dicho recurso le pedía apartarse de la investigación por su cercanía y amistad con el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien se declaró impedido para conocer sobre este caso.

 

 

 

 

Por su parte, el presidente Iván Duque, al ser interrogado sobre el tema, dijo estar listo para obrar cuando la Corte Suprema le solicite presentar una terna para dicho nombramiento.

 

A su turno, la Corte Suprema designó al magistrado de la Sala Laboral, Gerardo Botero, para que estudie la posibilidad de nombrar un fiscal ad hoc para el caso Odebrecht.

 

Cabe recordar que esta situación es producto de la publicación en el noticiero Noticias Uno de los audios de una conversación de hace tres años entre el fallecido Jorge Enrique Pizano, exfuncionario clave en el caso Odebrecht, y Néstor Humberto Martínez, en los cuales el ahora Fiscal General de la Nación escuchó sobre situaciones irregulares en la contratación de la Ruta del Sol. Posteriormente, se han conocido nuevos audios que complican este caso y su relación con el jefe del ente acusador.

 

La figura del Fiscal General ‘ad hoc’

 

En un auto del año 2011, la Corte Suprema determinó que el Vicefiscal General de la Nación no podía asumir las investigaciones contra los altos funcionarios con fuero constitucional cuando el jefe del órgano acusador se declare impedido. (Lea: Corte Suprema implementa la figura del Fiscal General ‘ad hoc’)

 

Entonces, según la decisión, se debe nombrar un fiscal ad hoc de terna enviada por el Presidente de la República. Es decir, la Corte ordenó agotar el mismo trámite que impone la Constitución para la elección del Fiscal General.

 

Este trámite ya se cumplió para elegir al Fiscal ad hoc que asumió la investigación en contra de la entonces contralora general, Sandra Morelli, por el presunto delito de tráfico de influencias.

 

Piden dura sanción contra Odebrecht

 

“La sociedad Odebrecht ha causado al país enormes perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, mas el daño ético y moral, corrompiendo diferentes niveles de la administración pública. Colombia cuenta con diferentes instrumentos jurídicos, como la Ley 1778 del 2016, contra el soborno transnacional, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Convención Anticohecho de la OCDE”, indicaron la Vicepresidencia y la Andje al solicitar a la Superintendencia de Sociedades que adelante todas las actuaciones pertinentes para sancionar a las empresas que conforman dicho grupo empresarial y pidieron, puntualmente, imponerle una inhabilidad para contratar con el Estado colombiano por 20 años.  

 

 

 

 

Sobre la propuesta de la sociedad colombiana Constructora Norberto Odebrecht S. A. de celebrar un “acuerdo de reparación integral” mediante el cual la compañía responsable de actos de soborno y corrupción ofrece una compensación económica por los perjuicios generados por los delitos cometidos contra la moralidad pública, a cambio de  que el Estado retire todos los procesos legales y administrativos en su contra y le permita volver a contratar, las entidades rechazaron tajantemente tal solicitud, y agregaron que resulta moralmente inaceptable.

 

“No puede ni debe el Estado colombiano subsanar las graves faltas penales y éticas de un contratista con la simple compensación monetaria. Aceptar un acuerdo de compensación resultaría ser un incentivo perverso para que se continúen cometiendo este tipo de actos”.

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