La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible la norma que exige un examen de aptitud sicofísica para autorizar el porte y tenencia de armas de fuego, incluidas las personas que desempeñen funciones de vigilancia y seguridad (artículo 1º parcial y su parágrafo de la Ley 1539 del 2012). Para el Ministerio Público, no se trata de una disposición excesiva sino necesaria, pues garantiza la idoneidad de quienes utilizan este tipo de artefactos, evitando accidentes y daños a la comunidad. Según el concepto, esta disposición garantiza la primacía del interés general sobre el particular y no afecta el orden económico y social justo, ni la igualdad, ni la universalidad en la seguridad social, debido a que el examen es sufragado con dineros del sistema de riesgos laborales y no con recursos propios de las ARP.