Ante el despacho de la magistrada Stella Conto fueron presentadas dos recusaciones contra los juristas María Claudia Rojas y Gustavo Gómez, a fin de que estos sean apartados del proceso en el cual el Consejo de Estado concluyó que la elección de Francisco Ricaurte como integrante del Consejo Superior debía ser anulada; idéntica solicitud fue elevada frente a la demanda contra el acto de elección de Pedro Munar. En los escritos se indica que, a juicio de la defensa, el hecho de que la providencia no haya sido emitida supone que el proceso continúa en curso, luego las declaraciones de estos dos magistrados a medios de comunicación, relacionadas con el caso, constituyen causal de impedimento. En ese sentido, la defensa trajo a colación el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil (numeral 12) y el artículo 154 de la Ley 270 de 1996 (numeral 4º), que impiden al juez dar consejo o noticia sobre los asuntos bajo su conocimiento. Además, recordó, el artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, Ley 1437 del 2011) y el 141 del Código General del Proceso (numeral 12) establecen la obligación del operador de declararse impedido ante circunstancias como la descrita. Rojas y Gómez fueron dos de los 17 magistrados que apoyaron la anulación de la elección de Ricaurte.