La Sección Tercera del Consejo de Estado realizó una serie de precisiones jurídicas sobre la Ley 222 de 1995 y el Decreto 2649 de 1993, al señalar la importancia de exigir la presentación de estados financieros debidamente certificados en el curso de los procesos de contratación con el Estado. Según el criterio de la Sala, “no sólo le permite a la administración verificar el cumplimiento de los requisitos de capacidad financiera fijados en el pliego de condiciones, sino que también le permite realizar un ejercicio comparativo entre las diferentes propuestas teniendo como base fuentes de información contable totalmente fidedignas”. Finalmente, el alto tribunal recordó que en algunos casos la ley requiere que dichos estados financieros sean verificados por un revisor fiscal, con el fin de establecer si los estados financieros y la contabilidad de la organización se llevan según lo establecen las normas legales y el artículo 15 de la Constitución Política de 1991 (M. P. Jaime Orlando Santofimio).