La Sala Plena del Consejo de Estado rechazó los impedimentos presentados por ocho de sus magistrados para decidir la impugnación a la tutela que presentó el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, contra la destitución e inhabilidad que le impuso la Procuraduría General de la Nación. La corporación consideró que el hecho de que los encargados de conocer y dirimir el litigio tengan lazos familiares con funcionarios de las entidades interesadas en la actuación no constituye una causal válida para que estos se aparten del caso. Entre los que declararon impedimentos se encontraba la propia presidenta de la corporación, María Claudia Rojas, cuyo hijo labora en la Procuraduría, y el magistrado Jaime Orlando Santofimio, quien tiene un familiar que es asesor jurídico contratista del Distrito Capital. De momento, la corporación solo ha abordado la apelación que interpuso el propio alcalde y está pendiente de decidir si las demás impugnaciones, entre ellas la del Ministerio Público, serán acumuladas y decididas en Sala.