El Consejo de Estado concluyó que el gerente de la ETB, Saúl Kattan Cohen, debilitó injustificadamente la legitimidad de la administración de justicia y atacó su dignidad institucional al pronunciarse públicamente sobre las supuestas irregularidades en las que habrían incurrido los magistrados en el trámite del proceso que ratificó la sanción impuesta a Claro a favor de la empresa de telefonía capitalina. Con estos argumentos, la Sección Tercera ratificó las medidas correccionales que impuso al funcionario, que incluyen el pago de cinco salarios mínimos, aunque destacó la inmediata rectificación que hizo de sus afirmaciones iniciales. Según la decisión, este reconocimiento evitó que el organismo acudiera a la vía judicial e interpusiera una denuncia por injuria y calumnia. Como se recordará, la decisión generó una obligación a la firma de telefonía móvil que, según mandamiento de pago del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, asciende a $ 152.925’610.629.