Al considerar que el régimen salarial de los servidores públicos del orden territorial responde a una fórmula de armonización entre el principio de Estado unitario y el grado de autonomía que la Carta Política reconoce a las entidades locales, la Corte Constitucional declaró exequibles los artículos 1°, 31, 45, 46, 50, 51, 58 y 62 (parciales) del Decreto 1042 de 1978, que faculta a las entidades territoriales para que fijen las escalas salariales y los emolumentos de los cargos adscritos a ellas (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).