Otorgar competencia a los concejos municipales y distritales para citar a control especial a los representantes legales de las empresas de servicios públicos domiciliarios es una medida razonable y ajustada a la Constitución, señaló la Procuraduría General de la Nación al pedirle a la Corte Constitucional que declare exequible el numeral 12 del artículo 18 y el numeral 9, literal d), del artículo 29 de la Ley de modernización municipal (Ley 1551 del 2012). Según el Ministerio Público, la disposición se refiere una citación a control especial, diferente del control general que la Constitución asigna al Presidente de la República para la inspección y vigilancia de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Con respecto a la facultad entregada a los alcaldes para imponer multas a quienes le desobedezcan, previo procedimiento sumario administrativo, la Procuraduría señaló que “las autoridades, sean administrativas o judiciales, deben tener a su disposición instrumentos idóneos para hacer cumplir sus órdenes”.