La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible la norma que habilita a la Dirección Nacional de Derecho de Autor para efectuar la respectiva vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva (artículo 2º parcial del Decreto Ley 2041 de 1991). Tal y como lo expresó en el expediente D-9677, el Ministerio Público cree necesario que el Estado ejerza algún tipo de control sobre particulares de esta índole, debido a que tiene a su haber la administración de derechos relacionados con garantías fundamentales, como la protección de la propiedad intelectual. La ponencia será presentada por el magistrado Luis Guillermo Guerrero.