La Procuraduría le solicitó a la Corte Constitucional que declare estarse a lo resuelto en el expediente D-9761, en el cual solicitó la exequibilidad de la gratuidad en la labor de los curadores ad litem (numeral 7º parcial del artículo 48 de la Ley 1564 del 2012). Para el Ministerio Público, la disposición no viola el derecho al mínimo vital y, aunque supone un trato desigual para con los demás servidores judiciales, que sí encuentran remunerada su labor, se trata de una medida justificada, en tanto la situación de uno y otro sujeto es distinta. La ponencia corresponde al magistrado Alberto Rojas.