La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que se declare inhibida de examinar de fondo la reforma que estableció topes máximos de 25 salarios mínimos a las pensiones, entre otras medidas encaminadas a mantener la sostenibilidad fiscal (Acto Legislativo 1 del 2005). Para el Ministerio Público, la demanda al artículo 1º, que prohíbe el pago de más de 13 mesadas anuales para quienes se jubilen luego de la entrada en vigencia de la disposición, carece de pertinencia. Ello porque, según el concepto, el actor advierte la supuesta violación del derecho a la igualdad sin referirse a “una norma en particular de nuestra carta”.