La Procuraduría exhortó a la Corte Constitucional para que revise su reglamento interno a fin de que se permita la acumulación de demandas contra las mismas normas. Para el Ministerio Público, es necesario establecer mecanismos más eficaces que eviten pronunciarse varias veces sobre una misma acción de inconstitucionalidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5° del Decreto 2067 de 1991. El pronunciamiento lo hace frente a un proceso en el que pide la inhibición, por ineptitud de los cargos, aunque ya existía pronunciamiento en el expediente D-9960. En ese entonces, el Ministerio Público solicitó la constitucionalidad de la norma, que establece penas entre cuatro y ocho años de cárcel para quienes incurran en violencia intrafamiliar (artículo 229 de la Ley 599 del 2000). De hecho, la máxima instancia constitucional ya resolvió esta demanda, al declarar la disposición ajustada a la Carta Política de 1991.