La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que se abstenga de examinar la demanda contra la norma que prohíbe someter a pruebas repetitivas a víctimas de violencia sexual (artículo 5º parcial de la Ley 1719 del 2014). A su juicio, el accionante parte de una interpretación equivocada, ya que equipara la denuncia con una prueba; bajo este punto de partida, asegura, no se puede concluir que se infrinja el derecho de contradicción. Sin embargo, aclaró que si la Corte considera que la demanda reúne los requisitos debe ser declarada constitucional, ya que no encuentra en su aplicación el desconocimiento de principios como la publicidad, oralidad, inmediación, contradicción y concentración de la prueba. Sostuvo que la disposición no pone en juego los derechos de los implicados en ese tipo de delitos, pero que retirarla del ordenamiento sí supondría el desconocimiento de garantías de sujetos de especial protección, como las mujeres víctimas de violencia sexual y los niños. La ponencia la proyectará el magistrado Mauricio González.