La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que se declare inhibida para conocer la demanda a parte del decreto que reglamenta la aplicación de la prohibición para que entes territoriales limiten la explotación minera (artículos 1º y 2º del Decreto 935 del 2013). A su juicio, se trata de disposiciones que no afectan la ley sino que refuerzan una prohibición contenida en el artículo 37 del Código Minero del 2001 (Ley 685 del 2001). Así, dice, ha sido la misma Corte la que ha señalado que carece de facultades para juzgar las actuaciones administrativas de carácter general que, en su criterio, se despliega a través del texto demandado. La ponencia corresponde al magistrado Mauricio González.