La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que se declare inhibida para examinar la norma que permite aplicar el régimen de responsabilidad fiscal a interventores, consultores y asesores frente a la intervención que ejerzan en contratos estatales, contenida en el Estatuto Anticorrupción (artículos 82 y 119 parciales de la Ley 1474 del 2011). Para el Ministerio Público, en primer término, no es cierto que se les imponga a los sujetos de este tipo de control una responsabilidad objetiva por perjuicios generados por un tercero. Ello, dice, porque el artículo 82 se activa siempre que haya evidencia de incumplimiento del actor o que haya elementos que permitan imputarle responsabilidad por el detrimento patrimonial. Añadió que la solidaridad en el cumplimiento del fallo de responsabilidad fiscal, que se impone en el artículo 119, no se expone como causa sino como consecuencia de responsabilidad, luego no se crea una nueva categoría de juzgamiento. La ponencia será proyectada por el magistrado Alberto Rojas.