La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que se abstenga de pronunciarse sobre la demanda a la norma que sanciona con la pérdida de los beneficios de Justicia y Paz al postulado que no facilite a las autoridades disponer de los bienes adquiridos ilegalmente (artículo 8º de la Ley 1592 del 2012). En igual sentido se pronunció frente a la disposición que le da al Gobierno hasta dos años de plazo para que se pronuncie sobre la postulación de quienes se desmovilizaron antes de la entrada en vigencia de esta ley de Justicia transicional y aspiran a ser tenidos en cuenta como beneficiarios (artículo 37). Entre otras razones, el Ministerio Público encontró que los plazos establecidos en la norma no son obligatorios, como pretende demostrarse en la acción, sino que constituyen un término máximo para el Ejecutivo, a favor de la seguridad jurídica. Además, precisó que la eventualidad de un error de la autoridad judicial encargada de verificar la autenticidad de lo dicho por el postulado respecto a las propiedades en un caso específico no tiene pertinencia en este juicio de constitucionalidad . El magistrado Luis Guillermo Guerrero presentará la respectiva ponencia.