Disponer que el régimen de conflicto de intereses de los congresistas no se aplica cuando se debaten y votan proyectos de acto legislativo abre la puerta a que, en algunos eventos excepcionales, el interés particular prevalezca sobre el interés general, señaló la Procuraduría General de la Nación al pedirle a la Corte Constitucional que declare inexequible el Acto Legislativo 01 del 2011. Según el Ministerio Público, la reforma constitucional afecta la estructura de la Carta Política en uno de sus principios definitorios, como es la prevalencia del interés general, y afecta varios artículos de la Constitución relativos a los deberes de los congresistas y a la cláusula de Estado social y democrático de derecho. “El régimen de conflicto de intereses de los congresistas responde a los principios de transparencia y moralidad que rigen la conducta de todos los servidores públicos, pero la reforma subvierte esa cláusula y, por ende, la misma Constitución”, señala la Procuraduría.