La Procuraduría le solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible la norma que impone que la restitución del predio de las víctimas de despojo en el conflicto armado se adelante dentro de los tres días siguientes al pago de la compensación ordenada por el respectivo juez, cuando hubiere lugar a ello (artículo 100 parcial de la Ley 1448 del 2011). A juicio del Ministerio Público, se desconoce la protección especial de la que debe gozar este tipo de personas, ya que se olvida su derecho a la vida en condiciones dignas, a la propiedad, a residir en el lugar escogido, al trabajo, a la familia, a la vivienda digna, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. A su juicio, resulta desproporcionada esta condición, ya que la entrega efectiva queda supeditada al pago de las compensaciones, sin tener en cuenta que se trata de un grupo vulnerable que, en la mayoría de las veces, depende de su arribo a las tierras despojadas para tener un techo y un mecanismo de sustento. El ponente es el magistrado Jorge Iván Palacio.