La Procuraduría consideró que los propietarios de circos que adquirieron animales silvestres antes de la prohibición de su exposición en espectáculos circenses deben ser indemnizados y que la entrada en vigencia de la norma solo puede darse a partir de la expedición de un régimen de transición por parte del Congreso. Así lo señaló el Ministerio Público, al pedirle a la Corte Constitucional que declare condicionalmente exequible el artículo 3º de la Ley 1638 del 2013, que otorga un plazo de dos años a estos empresarios para que modifiquen la estructura del espectáculo que ofrecen y entreguen a las autoridades ambientales este tipo de especies, so pena de hacerse merecedores a sanciones. Además, indicó que la norma debe estar condicionada a que los términos se cuenten desde la entrada en vigencia de disposiciones mediante las cuales el legislador imponga un mecanismo de transición, previo a la aplicación de esta limitante. La Procuraduría también considera que la norma que impide la entrega de licencias a los circos que, a dos años de la publicación de la ley, persistan en disponer de animales silvestres (artículo 2º), sea declarada exequible, en el entendido de que el plazo se cuente desde la entrada en vigencia de las disposiciones legislativas transitorias. La ponencia será presentada por Jorge Iván Palacio.