La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequible la norma que establece la definición de habitante de la calle; la demanda persigue que se retire del ordenamiento le expresión que fija el rompimiento de la estructura familiar de la persona como uno de los criterios para establecer esta situación. Para el Ministerio Público, la norma resulta discriminatoria, en tanto termina exigiendo a este tipo de población no mantener vínculos familiares, como requisito para beneficiarse del mandato legal. Indicó que el deber del Estado de proteger a los sectores más vulnerables debe guiarse por el principio de igualdad, contenido en el artículo 13 de la Constitución, y que esta disposición da al traste con ese objetivo, al privar a ciertas personas, que también son habitantes de la calle, de los beneficios que se plantean. La ponencia corresponde al despacho del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza.