La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequible la expresión “institucional”, que define el tipo de periodo del Fiscal General de la Nación (artículo 9º de la Ley 938 del 2004). A su juicio, la disposición viola el artículo 243 de la Constitución, que prohíbe desconocer la cosa juzgada en materia de control de constitucionalidad. Según el concepto, el alto tribunal ya se había pronunciado sobre el particular, al declarar inexequible una disposición que permitía que, ante la ausencia absoluta del Fiscal General, su remplazante permaneciera en el cargo durante el tiempo faltante para terminar el periodo de cuatro años (C-037 de 1996). Para la Procuraduría, aunque no se aludía a la expresión contenida en la norma objeto de debate, ambas cumplen el objetivo de establecer como institucional el tiempo de permanencia en el cargo del jefe del organismo investigador. La ponencia será presentada por el magistrado Luis Ernesto Vargas.