La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que exhorte al Congreso a que fije los términos para resolver varios recursos propios de la acción de tutela, principalmente el incidente de desacato (artículo 52 del Decreto 2591 de 1991). A juicio del Ministerio Público, también deben establecerse expresamente los plazos para resolver recursos novedosos como el incidente de impacto fiscal, al igual que el de nulidad, la aclaración, entre otros elementos sustanciales de la acción de amparo constitucional que, en su criterio, no han sido delimitados. No obstante, solicitó al alto tribunal que se declare inhibido frente a esta demanda, interpuesta por el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, pues considera que el hecho de que el legislador no haya fijado términos para resolver el incidente de desacato no supone una violación de normas constitucionales, como se sugiere en la acción. El magistrado Mauricio González proyectará el fallo.