La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible la disposición que consagra la capacidad privativa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para adelantar investigaciones en torno a actuaciones que atenten contra la libre y leal competencia y aquella que permite aplicar este tipo de normas a cualquier actividad económica (artículo 2º y 6º parciales de la Ley 1340 del 2009). De acuerdo con el concepto, la competencia atribuida en estos términos a la SIC contribuye a la consolidación de la seguridad jurídica, además que no supone una concentración exclusiva de la vigilancia y sanción a las prácticas comerciales en cabeza suya. Añade que la misma ley advierte que cuando existan normas expresas para determinado sector estas prevalecerán, luego el texto demandado no es desproporcionado. La ponencia será proyectada por el despacho del magistrado Jorge Iván Palacio.