La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible la Ley 1571 del 2012, mediante la cual se aprobó la adhesión del Estado colombiano al Protocolo adicional al tratado constitutivo de la Unasur sobre compromiso con la democracia, firmado en Georgetown (Guyana). El Ministerio Público considera que el convenio promueve la integración latinoamericana, los principios democráticos, las relaciones bilaterales marcadas por el respeto de la soberanía y autodeterminación de los pueblos, tal y como lo indican el preámbulo de la Constitución y los artículos 1°, 2°, 9º y 227. El magistrado Luis Ernesto Vargas es el encargado de proyectar el fallo.