La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible la norma del Código General del Proceso que sanciona a quienes se excedan en la solicitud de indemnización (artículo 206 de la Ley 1564 del 2012), también solicitó que ordene estarse a lo resuelto en la sentencia C-157 del 2013, en la que declaró acorde con la Constitución el parágrafo único de la norma. La primera impone al demandante una multa de 10 % de lo exigido, si solo se prueba el 50 % de lo solicitado, mientras que la segunda exige el pago del 5 % cuando el resultado negativo de la demanda surja de la falta de demostración del perjuicio. Para el Ministerio Público, las normas persiguen fines legítimos, debido a que ponen freno a la presentación de acciones temerarias ante la jurisdicción contenciosa. La ponencia será presentada por el magistrado Mauricio González.