La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare condicionalmente exequible la norma que permite dejar en libertad al procesado cuando pasen más de 120 días entre la formulación de la acusación y el inicio del juicio penal (artículo 317 del Código de Procedimiento Penal). Para el Ministerio Público, la norma es constitucional asumiendo que el plazo se cuenta desde la presentación del escrito de acusación y no desde la audiencia en la que esta se formula. Aunque para el organismo de control este aparte de la norma es inexequible, considera que declararla al margen del ordenamiento legal generaría consecuencias que contrariarían mayormente principios superiores. La ponencia será presentada por el magistrado Alberto Rojas.