La Procuraduría concluyó que el problema de la Ley Antidiscriminación no es que deje de incluir a ciertos grupos vulnerables, como los discapacitados, sino que penalice conductas que no han sido precisadas de manera detallada; así, solicitó declarar inexequibles los artículos 3º y 4º de la Ley 1482 del 2011 y sostuvo que se trata del ejercicio “indeterminado y desmedido de la más severa herramienta de intervención o restricción de la libertad con la que cuenta el Estado (…)restringiendo desproporcionadamente otras libertades y derechos igualmente fundamentales para las personas y esenciales para una auténtica sociedad libre y democrática”. Finalmente, le solicitó a la Corte que exhorte al Congreso para que expida un instrumento razonable y eficaz para sancionar abusos y maltratos contra personas en situación de debilidad manifiesta por sus condiciones económicas, físicas o mentales. La ponencia será proyectada por el magistrado Luis Guillermo Guerrero.