La Procuraduría General de la Nación hizo varios reparos a la renovación de la concesión minera de la que goza Cerro Matoso, en Córdoba, al precisar que la prórroga se efectuó sin previo balance a los contratos 866-63 y 1727-71. Así, dice el organismo de control, no hubo oportunidad de valorar costos sociales, ambientales y económicos, hecho que se suma a la inexistencia de un análisis económico en el que se sustente la manera como se valoraron los bienes sobre los que hoy la empresa paga una compensación, como lo indica uno de los numerales del otrosí número 4 al contrato celebrado entre Minerales de Colombia S.A. (Mineralco) y Cerro Matoso. El Ministerio Público dice desconocer los soportes de este proceso, pese a haberlos solicitado en reiteradas oportunidades.