Ante el Consejo de Estado, la Procuraduría defendió su decisión de destituir e inhabilitar a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, al considerar que sí actuó dolosamente en las faltas disciplinaria que, según su juicio, rodearon el cambio en el esquema de recolección de basuras. En su criterio, ese comportamiento doloso se evidencia, entre otras razones, en que actuó pese a que diversas entidades del orden distrital le advirtieron que no podía limitar la libre competencia. Añadió que la competencia de la Procuraduría para juzgar conductas disciplinarias derivadas del empleo de políticas públicas está sustentada en la jurisprudencia constitucional.