El procurador Alejandro Ordóñez no aceptó la recusación presentada en su contra por la defensa del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que buscaba que se marginara del trámite de la reposición al fallo con el cual destituyó e inhabilitó por 15 años al mandatario. Al igual que la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda, apoyó su decisión en el auto 078 del 2003 de la Corte Constitucional, proyectado por el entonces magistrado y hoy fiscal Eduardo Montealegre, que desestimaba la viabilidad de un recurso de esa naturaleza contra el jefe del organismo de control. En esa decisión, la alta corporación defendió la inviabilidad de la recusación cuando se refiera a una actuación propia de las funciones del cargo, en el caso del Procurador General y de magistrados de las altas cortes. Con esta decisión, se consideran resueltas desfavorablemente las tres recusaciones, lo que deja el camino abierto para que la Sala Disciplinaria del Ministerio Público resuelva la reposición.