La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que se abstenga de practicar un examen de constitucionalidad a la norma que insta a implantar medidas que fomenten la sanción social por actos violentos o discriminatorios contra las mujeres, incluida en el artículo 9º de la Ley 294 de 1996, numeral 5º. Para el Ministerio Público, la acción plantea una interpretación subjetiva y equivocada acerca del alcance de la norma, al punto que el actor no solicita que se declare su inconstitucionalidad, sino que se estudien “los alcances de los derroteros legislativos” (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).