La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que se declare inhibida para examinar la demanda contra la ley que reguló el incidente de impacto fiscal (Ley 1695 del 2013 ). A su juicio, la acción no busca que se ponga en evidencia la contrariedad de la norma legal con una norma constitucional, sino que se pongan en la balanza el artículo 334 de la Carta Política de 1991, que da origen al instrumento del impacto fiscal, con otras disposiciones superiores. Así las cosas, dice, en realidad se pretende que el alto tribunal efectúe un control material sobre una disposición de Constitución y no sobre esta ley; un examen de esta naturaleza, subraya, escapa a las competencias de la Corte.