La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que se abstenga de examinar de fondo la demanda a la norma que regula el conteo de términos legales para el cumplimiento de penas que se dicten contra los beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz (artículo 19 (parcial) de la Ley 1592 del 2012). La norma (modificatoria de la Ley 975 del 2005) precisa que si el postulado está privado de la libertad al momento de la desmovilización del grupo al que perteneció, el término de la pena será contado a partir de su postulación a este esquema de alternatividad penal. El organismo de control considera que se presenta ineptitud sustantiva en la acción, entre otras cosas, porque considerar inconstitucional cualquier modificación a los términos de cómputo de la medida sustitutiva para desmovilizados equivaldría a considerar que la Ley 975 del 2005 es inmodificable. El magistrado Mauricio González presentará el proyecto de fallo ante la sala plena de la Corte.