La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que se inhiba de examinar la demanda a las normas que determinan la graduación de la pena y los efectos de la retractación por casos de injuria y calumnia (artículos 223 y 225 parciales de la Ley 599 del 2000). Para el Ministerio Público, ese examen ya hizo tránsito a cosa juzgada en las sentencias C-489 del 2002 y C-442 del 2011. A su juicio, la jurisprudencia constitucional no solo considera que la dignidad y el buen nombre de las personas es un límite razonable a la libertad de expresión, sino que ha concluido que la posibilidad de exoneración de responsabilidad penal a quien incurre en la conducta, cuando este se retracta, no implica que la víctima vea vedados sus derechos a ser resarcido. Añadió que, en su sentir, tampoco es desproporcionado mantener la sanción, pero reducida a la mitad, cuando el agravio se hubiere producido en escrito dirigido exclusivamente a la víctima.