La Procuraduría le solicitó a la Corte Constitucional que declare exequibles las normas que establecen que las ayudas humanitarias y medidas indemnizatorias a las que tienen derecho las víctimas del conflicto armado negras, raizales y gitanas estén limitadas por el principio de sostenibilidad fiscal (artículo 19 de la Ley 1448 del 2011, artículo 77 del Decreto 4634 del 2011 y artículo 80 del Decreto 4635 del 2011). A juicio del Ministerio Público, la norma cumple con las exigencias del artículo 334 de la Constitución, que indica que ninguna autoridad podrá invocar dicho principio como pretexto para menoscabar derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva. El magistrado Mauricio González proyectará el fallo ante la Sala Plena.