La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare condicionalmente exequibles las normas del Código de Infancia y Adolescencia que autorizan la presencia de un trabajador social en las comisarías y defensorías de familia, además de los comités de adopción (artículos 73, 79 y 84 de la Ley 1098 del 2006). A su juicio, los textos demandados no contrarían principios presentes en la Carta Política de 1991, siempre que se entienda que la expresión “trabajador social” cobije a los profesionales en desarrollo familiar. El concepto destaca que con una decisión de esta naturaleza se garantizaría el interés superior del menor, en tanto aquellos contarían con profesionales de otras áreas igual de valiosas para la defensa de sus derechos, en procesos como la adopción. Así mismo, dice, se protegería la libertad de escogencia de profesión, entre otros principios. La ponencia corresponde al despacho del magistrado Jorge Ignacio Pretelt.