La Superintendencia de Sociedades otorgó poder a algunos de sus funcionarios abogados en ocho ciudades para que representen a la entidad, con el fin de solicitar el reconocimiento y la inclusión de créditos a su favor en los procesos concursales de insolvencia a que alude la Ley 1116 del 2006, liquidaciones voluntarias y trámites administrativos en los cuales se encuentren involucrados intereses económicos de la entidad, así como en los procesos y trámites que se adelanten ante cualquier entidad respecto de las sociedades que se encuentren afectadas por la medida de extinción de derecho de dominio.