El Consejo Superior de la Judicatura señaló que omitir dar trámite a las recusaciones constituye falta disciplinaria grave por la afectación al servicio público de justicia. Así lo consideró el alto tribunal al imputar cargos contra una juez que faltó al deber consagrado en el artículo 153 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270 de 1996). Según la sentencia, se advierte una tendencia de la funcionaria investigada a desacatar o desatender los trámites previstos en la ley (artículo 152 del Código de Procedimiento Civil sobre formulación y trámite de la recusación) sin que tal omisión se encuentre justificada (M. P. María Mercedes López Mora).