El Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional del acto mediante el cual se materializó la sanción de destitución que le impuso la Procuraduría a Alonso Salazar, exalcalde de Medellín. A su juicio, el requerimiento no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para ordenar la medida cautelar. Para la corporación, la falta que el actor le atribuye al juzgador, según la cual se desconoció el derecho al debido proceso, se presentó con argumentos escuetos, superficiales y sumarios de los argumentos de su defensa (C. P. Gustavo Gómez).